Otra voz que se opone a la renuncia de Oyarbide

Otra voz que se opone a la renuncia de Oyarbide

julio raffo

Ante los movimientos de los últimos días en el ámbito judicial, son muchos los que imaginan la posible salida del Juez Federal Norberto Oyarbide. El por entonces referente de la servilleta de Corach y uno de los magistrados que más causas en su contra ha tenido pendientes de análisis en el Consejo de la Magistratura busca salir de escena indemne de tantos hechos de corrupción que lo ponen en la mira de la sociedad desde hace años.

Sin ir más lejos fue el peronismo en pleno 2001 quién lo amparara políticamente impidiendo que se iniciara el juicio político para su destitución. Manejador de los tiempos en Comodoro Py y con un magnifico timing para cerrar causas vinculadas con el poder de turno, ahora busca renunciar a su lugar de juez en plena escalada del mani pulite a la Argentina.

En ese sentido el diputado nacional Julio Raffo presentó un proyecto de declaración por el cual la Honorable Cámara de Diputados de la Nación le hace saber al Poder Ejecutivo Nacional que la aceptación de la renuncia presentada por el Juez Federal Norberto Oyarbide interrumpirá el “…procedimiento de su remoción…” cuya apertura se encuentra en avanzado trámite por ante el Consejo de la Magistratura. Esto configuraría una indebida interferencia en las funciones constitucionales del mismo y en las del Jurado de Enjuiciamiento que prevé el Art. 115 de nuestra Carta Fundamental, por lo cual no corresponde que la misma no sea aceptada hasta tanto esos procedimientos no concluyan naturalmente.

Raffo advierte que “ha sido una estrategia exitosa de algunos magistrados el renunciar a sus cargos cuando fueron descubiertos en prácticas corruptas o de graves inconductas en el ejercicio de las trascendentes funciones que la Constitución y las leyes de la Nación les confían”.

El diputado señala que “la aceptación de esas renuncias interrumpe indebidamente el procedimiento de remoción de los malos jueces que la Constitución y la Ley prevén, a cargo de órganos que deben ser respetados en su independencia y en su competencia por el Poder Ejecutivo Nacional”.

En conclusión, “mediante el procedimiento de renunciar, al ver la destitución como posibilidad cierta, y la colaboración indebida -o complicidad- del Poder Ejecutivo al aceptarla, se frustra el inalienable derecho de  la ciudadanía  de saber, con certeza jurídica, quienes han sido jueces corruptos y quienes no, en base a los procedimientos que las normas establecen y, al brindar esa impunidad, también se premia a los que sí lo fueron los cuales se libran, de esa manera, del señalamiento objetivo, fundado y definitivo conforme a Derecho, obteniendo mansamente una remuneración jubilatoria que, de otra manera, perderían”.

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