LA JUSTICIA ALLANA LA VILLA 20 Y EL PREDIO TOMADO

LA JUSTICIA ALLANA LA VILLA 20 Y EL PREDIO TOMADO

el allanamiento se produce por acumulación de denuncias por distintos delitos

EL PAPA FRANCISCO ALLANADO

A las 05:45 AM por orden de la Justicia y disponiendo la intervención de fuerzas de seguridad federales, comenzaron múltiples allanamientos en el predio tomado y en distintos domicilios particulares y en comercios de la Villa 20. Los motivos son la búsqueda de armas y drogas, además de darse la misma, en el marco de las investigaciones y pesquisas ante una serie de secuestros express producidos por una banda de delincuentes que la utilizaban como “aguantadero y refugios transitorios para sus víctimas”

Este allanamiento se produce tras sumatoria de varios delitos que incluyen un asesinato (el primer día de la toma), dos violaciones denunciadas, tenencia de armas y venta de drogas y secuestros de personas, además de amenazas a vecinos que se oponían a la toma. Para la decisión final de los responsables tomaron parte denuncias de todo tenor ante va1rias dependencias judiciales, como la Fiscalía General de la Ciudad, la Justicia de Morón, la Justicia Federal, etc., las cuales desembocaron en este operativo.

Lo que se sabe por fuentes de las fuerzas de seguridad intervinientes, es que tras dos horas de operativo ya habían sido detenidas unas 6 personas, entre las cuales dos de ellas, armados con una escopeta y una pistola intentaron hacer frente a los efectivos desplazados en el operativo bajo las órdenes del Juez en lo Penal y Contravencional de la Ciudad Norberto Tavosnanska.

La parte más importante hoy, -a la luz del allanamiento en curso desde esta mañana-, es una muy clara desestimación de la resolución jurídica de la Jueza López Iñiguez de “diferir la fijación de fecha para el libramiento de la orden de allanamiento”.

EL MUNDO AL REVÉS PARA LA JUEZA LÓPEZ IÑIGUEZ

Si hay un protagonista en esta historia que es por demás discutida y refutada desde varios sectores, ella es la Jueza López Iñiguez, dados sus fallos judiciales que no pocos critican duramente. Y si, este allanamiento habrá sorprendido (o no) a la jueza María Gabriela López Iñiguez quién descartó este miércoles 11 de junio pasado la figura de asociación ilícita y por ende había suspendido el desalojo del asentamiento “Papa Francisco,” hasta que pueda garantizarse “la vida e integridad física de las personas que puedan verse afectadas”. La otra “perla” de ese mismo fallo, es que también rechazó un planteo de la fiscalía del Ministerio Público Fiscal porteño que quería que se declare incompetente en la causa.

El argumento blandido por la magistrada se fundó en que la fiscalía porteña no pudo probar que se tratase de un delito de asociación ilícita, por lo cual no permitió que la causa pase a la Justicia Nacional. Por el contrario, en la parte resolutiva, la jueza expresó que la toma reviste “el conflicto referido al saneamiento y urbanización subyacente, en el marco de la Ley 1.770, de eminente carácter local”. El fallo de la Jueza fue comunicada durante una audiencia pedida por la fiscalía, que planteaba que la ocupación de los terrenos del ahora denominado barrio “Papa Francisco” configuraba el delito de “asociación ilícita” y no de “usurpación”, por lo que la causa debía trasladarse al fuero federal.

La parte más importante hoy, -a la luz del allanamiento en curso desde esta mañana-, es una muy clara desestimación de la resolución jurídica de la Jueza López Iñiguez de “diferir la fijación de fecha para el libramiento de la orden de allanamiento”.

OTROS PROTAGONISTAS SORPRENDIDOS

Otra dama que debe estar hoy sorprendida, es Marta Yané, una referente del Movimiento Evita a quién la Fiscalía investigó y de quién promovió el pedido de enjuiciamiento en base a las pruebas reunidas que la sindicarían como una de las personas seriamente involucrada en la toma.

Marta Yané tras este miércoles difundirse el fallo de la Jueza López Iñiguez (que además la desvinculó antes de la causa diciendo que nada tenía que ver con ella…) declaró a la prensa que “el PRO quería embarrar la cancha para no hacerse cargo del problema de vivienda. Por eso inventaron que éramos parte de mafias y asociaciones ilícitas, pero la jueza entendió que no hay pruebas. Ahora no hay más excusas, tienen que hacerse cargo y avanzar con el saneamiento del terreno y la urbanización como lo marca la ley”, subrayó. En el mismo acto, Juan Manuel Di Teodoro, el abogado de Yané, afirmó que “los Fiscales no han podido sacarse la causa de encima y la misma seguirá en manos de la Jueza López Iñiguez. La fiscalía nunca aportó las pruebas para intentar demostrar la comisión de delitos en el Barrio Papa Francisco, delitos que sólo han existido en la fantasía y en las ansías de sacarse de encima la causa para ocultar las deficiencias de la investigación. El Fiscal siempre confundió el reclamo legítimo del cumplimiento de la Ley 1.770 (urbanización de la Villa 20) por parte de quienes tomaron el predio con un hecho ilícito y llegó al absurdo de pretender que la organización de los vecinos y la elección de delegados constituye una asociación ilícita. Así primero criminalizó la protesta social solicitando las detenciones de vecinos que expresaban la posición de la toma ante los medios de comunicación y luego ahondó en su postura criminalizando la militancia social y política al imputar a Marta Yané por el sólo hecho de ser una militante que se solidarizó con el reclamo de urbanización y la toma e instalación del Barrio Papa Francisco”, agregó el letrado. Finalmente, Di Teodoro expresó que “no resulta un dato menor que se encuentre suspendida la orden de allanamiento y desalojo del predio tomado. Se trata de un reconocimiento implícito de que estamos ante un problema social, la falta de vivienda y de urbanización de la villa 20, y no ante un hecho que deba ser abordado por el Derecho Penal”.

“Todo esto surge de la investigación realizada por la toma ilegal del terreno. A nivel de la Ciudad hay dos causas abiertas: por la usurpación y por tenencia de armas. A nivel general también hay denuncias por venta de drogas, secuestro y asociación ilícita”, detaló Martín Ocampo, Fiscal General de la Ciudad.

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