COMECI DENUNCIA LEY DE PAUTAS

COMECI DENUNCIA QUE LA LEY DE PAUTA OFICIAL ES INCONSTITUCIONAL

por Nicolás Fiorentino y Sebastián Penelli

SE TRATARÁ EN LA SESIÓN DEL 3 DE DICIEMBRE*

Aceleran una ley de pauta oficial para la Ciudad, con gruesos baches legales
La iniciativa logró que legisladores Pro, K y de la CC se pusieran de acuerdo. Sin embargo, deja un vacío importante en cuanto al organismo de aplicación, control y régimen de sanciones.

Mauricio Macri quiere que antes del fin del ciclo legislativo 2009 sea aprobado un proyecto que regule el mecanismo de producción, gasto, contratación, distribución y contenido de la publicidad oficial en la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, ya tiene un texto consensuado con legisladores K y de la Coalición Cívica, que el próximo jueves levantarían la mano para convertirlo en ley. La reforma, que logró unir a oficialistas y opositores, deja, no obstante, “baches legales” que en la práctica se traducirán en ausencia de controles, regulaciones, límites y transparencia.

Tras las dilatadas sesiones para votar el Presupuesto 2010, el proyecto con la nueva distribución de la pauta oficial ingresó el jueves pasado al recinto y, para acelerar pasos, los legisladores votaron la anulación del envío del expediente a la Comisión de Presupuesto e intentaron tratarlo sobre tablas. Sin embargo, el pedido de cambios interpuesto por la telermanista Gabriela Cerruti obligó a postergar la sesión para el jueves 3 de diciembre. El macrismo confía en que ese día, con el apoyo ya consensuado del bloque K y de la CC, el proyecto se convierta en ley.

La propuesta final de la nueva ley -a la que accedió Críticadigital- surgió del estudio de otros proyectos de ley presentados anteriormente por Facundo Di Filippo (CC), en coautoría con Juan Cabandié y Sebastián Gramajo, de Encuentro para la Victoria; otro de Cerruti, de Nueva Democracia, y un tercero de Diana Martínez Barrios, del PRO. El trabajo conjunto apunta a regular la distribución de publicidad que en 2008 repartió $ 96.169.132.

La Comisión de Comunicación Social que preside Gramajo avisó en septiembre que iba a empezar a discutir los proyectos de regulación de pauta oficial que había entonces. Al enterarse de esto, el macrismo pidió tiempo para presentar uno propio y lo hizo en octubre. “Es más fácil negociar con un texto vacío que entrar con un texto completo”, analizó en off the record uno de los asesores que participó de la negociación. De la Comisión salió un texto de consenso, que votaron los cuatro legisladores de PRO que la integran, más Gramajo, que apoyó en disidencia.

El proyecto de los diputados K y de la CC posee 23 artículos distribuidos en siete capítulos, además de los fundamentos de la norma. El de Cerruti contiene 53 artículos incluidos en siete “Títulos” con sus respectivos capítulos. Sin dudas, el más extenso y minucioso. El escrito que presentó PRO tenía sólo 10 artículos. De estas tres iniciativas, se concluyó en una sola con 14 apartados, sin títulos, ni capítulos, del cual se desprenden “vacíos legales” que dan pie a la utilización de la publicidad oficial como premio o castigo a la línea editorial de los medios.

LAGUNAS PROFUNDAS. El texto definitivo tomó algunos puntos de los proyectos más ambiciosos. Pero luego de una ardua negociación, el PRO no aceptó incorporar artículos claves para garantizar la “transparencia” que promete en el prólogo de la norma. Por ejemplo, las sanciones establecidas para empresas o funcionarios que incumplan la ley, límites de gasto, la publicación online del plan anual de distribución o la creación de una comisión parlamentaria de seguimiento y control del reparto de dinero.

Autoridad de aplicación. Críticadigital consultó a académicos y especialistas que trabajan activamente en propuestas para regular la publicidad oficial, para corroborar la existencia de «baches» en el proyecto. La ausencia de designación de un organismo de aplicación es uno de ellos. Para Cabandié y Cerruti, la autoridad debe ser la Secretaría de Comunicación Social o un ente creado para tal fin, pero en el proyecto final no se estipula nada sobre esto. Tampoco se crea un órgano de control ni comisión legislativa de seguimiento.

Plan de gastos. La falta de controles recae también sobre los gastos. El artículo 6 del plan definitivo establece los parámetros para confeccionar el Plan Anual de Publicidad Oficial, pero no exige aclarar cuánto dinero se destinará del Presupuesto porteño, ni fija límites al millonario desembolso. Los otros proyectos hablan de imposibilitar un aumento de partidas presupuestarias para publicidad sin el aval de la Legislatura, aún cuando existan facultades delegadas en el Poder Ejecutivo. Para Cerruti, el monto total anual no puede superar el 0,3 por ciento del Presupuesto y no puede subir en un año electoral respecto del anterior. En diálogo con este medio, el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, avala este impedimento y da sus motivos. «Este año se notó que a medida que se acercaban las elecciones, se incrementaban los gastos», reveló a Críticadigital.

Rendición de cuentas. La pelea más dura fue determinar el alcance de la ley. Mientras el texto de los K y Di Filippo hablaban de “sector público” y el de Cerruti hacía extensiva su influencia a “la Administración Central, entes descentralizados, entidades autárquicas”, “el Poder Legislativo y Judicial”, y las “empresas y sociedades del Estado”, los legisladores de Macri presionaron para que la regulación alcance sólo al “Poder Ejecutivo”, dejando libre albedrío a los entes descentralizados, poder judicial, legislativo y empresas del Estado, que no estarán obligados a planificar sus contrataciones a futuro (artículo 6) y tampoco tienen que cumplir con la rendición de cuentas (artículo 7). Así las cosas, un organismo como el Banco de la Ciudad de Buenos Aires -de los que más gastan en publicidad- quedarían exentos de rendir cuentas ante la Legislatura sobre sus gastos.

Prohibiciones. El proyecto original de Gramajo y Cabandié (665/09) contaba también, en su artículo 11, con la prohibición de que la publicidad oficial incluya “frases, símbolos, colores u otros elementos que sean identificables o induzcan a confusión con partidos políticos”. El macrismo endureció su postura en ese punto y se salió con la suya: el amarillo y negro característico de PRO podrá seguir siendo utilizado sin limitaciones. Sólo por este punto, Gramajo firmó en disidencia.

De igual modo, Poder Ciudadano expresó su disconformidad con el permiso para usar el amarillo patito. Secchi recordó cómo se utilizaron los colores característicos tanto en la campaña anterior del macrismo como en la de 2007, con Jorge Telerman como jefe de Gobierno. “En la última elección la cartelería de la ciudad era negra y amarilla, que son los colores de PRO. La campaña pasada, por caso, he visto juntos tres carteles: uno que hablaba de mejores en la ciudad rodeados por dos carteles de campaña de (Gabriela) Michetti”, recordó Secchi.

La fuente que participó de las negociaciones previas que terminaron con un texto único aseguró a Críticadigital que «en medio de la discusión querían excluir al jefe de Gobierno de la prohibición de poner su nombre, voz o aparición en la publicidad oficial, pero finalmente no pudieron”.

Criterios de asignación de pauta. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) también aporto sus críticas al proyecto. Eleonora Rabinovich, directora del área de Libertad de Expresión de la ONG, sostuvo que «el problema central de la propuesta consiste en la ausencia de criterios rectores transparentes y precisos para la asignación de la pauta estatal. Esto significa que la distribución de la publicidad oficial continuaría quedando, en este punto, bajo la total discrecionalidad de los funcionarios de turno”.

Régimen de sanciones. Rabinovich además citó otros problemas espinosos como la ausencia de un régimen de sanciones. Para Poder Ciudadano, esta «es una de las faltas más graves», equiparada con la falta de claridad en los modos de distribución de los fondos. El plan de Cerruti proponía duros castigos para los medios de comunicación que no cumplan con la ley. Por ejemplo, si un canal de televisión de aire factura más de 8 por ciento de la pauta anual es dado de baja del registro de medios y no puede recibir dinero por un año. Igual sanción se aplicaría a un diario si obtiene más de 60 por ciento de sus ingresos en concepto de publicidad oficial.

Medios comunitarios. El docente e investigador en Ciencias de la Comunicación (UBA) Santiago Marino agrega que la norma que se va a votar deja explícitamente afuera a los medios comunitarios, cuando la Constitución porteña expresa que el 4 por ciento del bruto que gaste en publicidad oficial la Ciudad debe ir a esos medios y no a otros. El inciso b) del artículo 3 (Exclusiones) del texto que Macri desea tener para regular el dinero en pauta excluye a los «medios vecinales de comunicación social».

SALE O SALE. La ADC participó de una reunión con los asesores de los legisladores, invitados por la Comisión de Comunicación. Los especialistas con Rabinovich a la cabeza expusieron sus observaciones y quisieron “discutir las falencias”. Pero sus consejos llegaron a oídos sordos, y sólo lograron dejar un documento de legislación comparada, y nada más.

«Existe la posibilidad de sacar un proyecto mucho mejor», advierte Rabinovich, y continúa: «No solo con la comparación con otros proyectos, sino con la consulta a sectores involucrados más amplios. Era necesario contar con un mecanismo de consulta serio, en distintos sectores de la sociedad, que tenían cosas para aportar. Pero no existió voluntad política de acordar un proyecto que verdaderamente regule la publicidad oficial, de acuerdo a los estándares internacionales. Es lo mismo que no haya regulación».

“Llegar a una ley de publicidad oficial es muy difícil, porque son leyes de autorregulación. Teníamos un proyecto más ambicioso, pero en post del consenso y del trabajo conjunto llegamos a esta posición”, justificó su apoyo al texto el kirchnerista Gramajo, en diálogo con este medio. Y cerró: “No es la ley que uno soñó, pero muchas veces la ley posible es distinta a la ley soñada”.

Los “vacíos legales” tienen su origen en la Antigua Roma. En general, en esa época los “baches” aparecían por malas traducciones o recopilaciones de pensamientos políticos no revisadas. Se cree que la primera “falta de definición” de la historia permitió que las madres pudiesen llevar a sus hijos al circo romano. La inminente sanción de una ley que regule la producción, gasto, contratación, distribución y contenido de la publicidad oficial en la ciudad de Buenos Aires podría ser una de las últimas.

*la nota completa de Crítica Digital puede verla en:
criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=33594