Noticiario Sur

COLIMBA, ENCIERRO Y CASTIGO

el debate se instaló y hay que darlo

VOLVER A LOS 18

por Claudia Rafael (APE)

 

113 años atrás, el Congreso discutía la instauración del Servicio Militar Obligatorio y priorizaba que había que “moralizar”. Ahora, a dos décadas de la derogación, se vuelven a escuchar las voces destinadas a re-instalarlo para “los jóvenes que no estudian ni trabajan, los chicos llamados ‘Ni-Ni’” (sic Mario Ishii).

colimbas clase ’59 del Hospital Aeronáutico Central (1978-89)

Alejandro Granados, el ministro de Seguridad bonaerense, el mismo que en el 99 frustró un asalto a los tiros, el que fue leal a Menem, a Duhalde, a los K, el casi vitalicio intendente de Ezeiza dijo que “sería bárbaro”. Ishii planteó un par de días antes que serviría para “contener a los jóvenes”.

Y Jesús Cariglino, el intendente de Malvinas Argentinas, había primereado al asegurar que “se debería aplicar a jóvenes para que se alineen en sus estudios”. Absolutamente nada nuevo bajo el sol de este otoño tan atravesado por las mezquindades del poder que los formatea en sus miradas hacia los jóvenes más maltrechos por un modelo socioeconómico insaciable en su sed devoradora.

En marzo fue Julio Pereyra, el intendente de Florencio Varela, uno de los distritos más pobres de la provincia el que propuso crear un instituto de encierro para su “formación” a partir de “los 8, 9, 12 años, cuando notemos que empieza a tener conductas violentas”. Y ante cualquier atisbo de duda dijo que se haría así “para que cuando salga sea una buena persona, y no que se haya especializado en el delito, no que sea un violador o que lo hayan violado”. Pereyra no tiene dudas: quiere el encierro “para que no maten a nadie o no tengamos que matarlos”.

Y como todo vuelve una y otra y otra vez más, el ex diputado nacional salteño Alfredo Olmedo, el rey de la soja, dijo “tan equivocado yo no estaba” mientras anunciaba que en una semana empieza su campaña para gobernador de su provincia. Es que en 2009 aducía que “no se trata de qué país le dejamos a nuestros hijos, sino de qué hijos le dejamos a nuestro país”. Y por eso proponía “un servicio militar obligatorio para todos los que cumplan 18 años, sin excepción y sin número bajo como parte de la solución a nuestros problemas y para fortalecer y encauzar a nuestra juventud”.

Las estructuras varían. O simplemente se eligen palabras que definen de diferentes modos. Pero unos y otros apuntan sistemáticamente a lo mismo. Y se regodean ante el auge en muchos de sus pares (no importa el partido político de pertenencia) de la idea del encierro.

Michel Foucault diría que son “instituciones de secuestro” destinadas al adiestramiento. Una suerte de campos de trabajo forzado donde los cuerpos no son otra cosa que el blanco del poder.

Nada nuevo en los estertores de un abril extraño. Donde se decreta la emergencia en la seguridad y se pone en la picota –como tantas, tantas veces- a los marginados de la historia.

113 años atrás se iniciaba el debate legislativo de cara a sancionar la Ley del Servicio Militar Obligatorio. La excusa eterna era una posible guerra con Chile. Pero la urgencia era otra en esos días de utopías callejeras en las que anarquistas y socialistas pugnaban por una tierra de luchas y derechos. Había que homogeneizar con un ideario nacional, ajeno a la peligrosidad de inmigrantes soñadores que buscaban la destrucción del Estado. Pablo Ricchieri, ministro de Guerra de Julio Argentino Roca, proclamó que “pretendemos hacer pasar por las filas una cantidad de nuestros jóvenes conscriptos de veinte años, de lo mejor de nuestra población, para que sean un poderoso elemento de moralización pública”. Y el 11 de diciembre de 1901 se sancionó la Ley 4301. Un año más tarde llegaría otra legislación que buscaba homogeneizar, moralizar, aleccionar: la Ley Cané o Ley de Residencia (4144) para reprimir organizaciones sindicales y expulsar anarquistas y socialistas.

Una y otra vez, la nostalgia se despliega sobre los Granados o los Cariglino y arremeten con que sólo el ritual del pasaje a la madurez -como suelen describir unos cuantos a la vejación que significó la colimba (corre-limpia-barre)- permitirá “poner en caja” a los díscolos sistémicos. Los de los márgenes. Los inasibles. Los que no caben en los cuadriláteros del modelo. Los caídos del ring de la esperanza. Los que se desangran en una esquina cualquiera. Los que no merecen alas ni deseos. Los que llevan en la frente la marca de los descartados. Los sobrantes. Los que dan miedo. Los que perdieron el tren de la escuela y del trabajo. Los que habrá que encorsetar para que aprendan. Como aprendió con la muerte Omar Octavio Carrasco, aquel repartidor empecinadamente cristiano, devenido soldado tres días antes, cuyo martirio significó la derogación del servicio militar obligatorio. Al menos, hasta ahora.

EL CASO CARRASCO

El 6 de abril de 1994 fue encontrado en un cuartel del Ejército en Neuquén, el cadáver del soldado Omar Carrasco, quien había sido reportado como desaparecido un mes antes.

Omar Carrasco tenía 21 años cuando murió luego de una serie de golpes de sus compañeros y superiores. Su cuerpo fue ocultado. El crimen desencadenó una serie de debates, que llevaron a que el presidente Carlos Saúl Menem decretara en diciembre de 1994 el fin del Servicio Militar Obligatorio, mediante la ley 24.429. De allí en más, la “colimba” se transformó en voluntaria.

Omar Carrasco nació el 5 de enero de 1976. El 3 de marzo de 1994 se incorporó al Grupo de Artillería 161 del Ejército Argentino, con sede en la localidad de Zapala, provincia de Neuquén, para llevar a cabo el servicio militar, donde quedó bajo las órdenes del subteniente Ignacio Rodrigo Canevaro, de 23 años.

Tres días después de comenzado el servicio, Carrasco recibió una golpiza que, se presume, terminó matándolo. Ese día, el joven fue reportado como desaparecido y considerado desertor. El 6 de abril, el cuerpo fue hallado en el predio del cuartel, muy cerca del tanque de agua. Los militares escondieron el cuerpo y lo hicieron aparecer un mes más tarde.

La investigación del crimen quedó en primera instancia en manos del Ejército, y señaló como responsables a Canevaro y a otros compañeros. La Justicia Federal tomó intervención en la investigación, y en enero de 1996 el Tribunal Oral de Neuquén condenó a Canevaro a 15 años de prisión, a los soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar –hombres de extrema confianza del subteniente- a 10 años, y al sargento Carlos Sánchez a 3 años por encubrimiento. Los acusados se declararon inocentes. De esa manera, el caso quedó cerrado.

Las pesquisas se reabrieron en el denominado Caso Carrasco II, centradas en el encubrimiento del crimen. Las pruebas más importantes para esta causa fueron presentadas en abril de 1996 en el informe forense del médico legista Alberto Brailovsky. Según su testimonio, Carrasco murió por un traumatismo de tórax que le generó una hemorragia interna.

La versión de este informe introdujo a otros responsables por la muerte del soldado: médicos militares y enfermeras del hospital del cuartel. Los elementos introducidos por Brailovsky afirman que Carrasco no murió por la golpiza, sino que agonizó entre 48 y 60 horas. En ese tiempo recibió atención médica clandestina de médicos y enfermeras militares. El diagnóstico fue equivocado, y los tratamientos que recibió lo llevaron a la muerte.

En 2004, a diez años del asesinato, Canevaro quedó en libertad condicional tras cumplir dos terceras partes de su condena. A raíz de la modificación de los plazos de prescripción de las causas establecidas en el Código Penal, en junio de 2007, la Justicia sobreseyó a siete militares acusados de encubrir el asesinato del soldado. En agosto de 2007, la Sala II de la Cámara de Casación Penal revocó el fallo de la prescripción. Sin embargo, ninguno de los acusados por encubrimiento fue condenado.