El Observatorio del derecho a la Ciudad emitió un comunicado expresando su rechazo al nuevo código, aprobado el 30 de noviembre de 2016 por el Consejo de Plan Urbano Ambiental de la Ciudad, para reemplazar al actual Código de Planeamiento. El texto remitido por el subsecretario de Planeamiento, Carlos Colombo, solamente tuvo un día de tratamiento.
Desde la ONG, lo consideran como un «escándalo», ya que «será una de las leyes más importantes de la ciudad que no solo modificará el valor del suelo, sino que también afectará directa e indirectamente la trama social y el ambiente urbano de la ciudad. Sólo dos consejeros aprobaron con dignidad un dictamen en minoría solicitando mayor tiempo de análisis y debate: Estela Di Legge y Ariel Pradelli. El resto de los consejeros en un día analizaron y aprobaron la normativa que regirá la planificación urbana en cada m2 de la ciudad».
Este proyecto, tiene un claro interés económico. Una muestra de esto es que, el Gobierno de la Ciudad se reunió sólo con desarrolladores inmobiliarios y sus técnicos, sin escuchar a las organizaciones vecinales y sin difundir el texto públicamente. «Las razones de este manejo secreto por parte de los funcionarios se debe a que el nuevo Código Urbanístico está más preocupado por los problemas jurídicos de los desarrolladores inmobiliarios, por alimentar a la especulación inmobiliaria y por cuestiones de forma (morfológicas), que por atender las verdaderas y prioritarias necesidades de los porteños», sostienen desde el Observatorio.
Este nuevo proyecto no contempla los problemas más graves que tiene la Ciudad en estos momentos: » el aumento de familias inquilinas, la pérdida de espacios verdes, los procesos de gentrificación de los barrios, el colapso de los servicios públicos, la sobreconstrucción y la pérdida de las identidades barriales, la falta de democracia en la discusión de la planificación, la mercantilización y privatización de lo público, la disminución grave del banco de tierras públicas, el deterioro ambiental, la destrucción del arbolado público, la especulación inmobiliaria, la crisis habitacional, la distribución desigualitaria de la riqueza producida por la ciudad», entre otros.
