CORRUPCIÓN K: PROCESA LA JUSTICIA AL EX TITULAR DEL PAMI, LUCIANO DI CÉSARE

CORRUPCIÓN K: PROCESA LA JUSTICIA AL EX TITULAR DEL PAMI, LUCIANO DI CÉSARE

Confirman el procesamiento al titular del PAMI de CFK

PAMI QUE METIÓ LA MANO EN LA LATA DE LO LINDO

La Cámara Federal ratificó el procesamiento y el embargo por $1 millón contra Luciano Di Césare, acusado de “administración fraudulenta” a raíz de irregularidades durante su gestión al frente de la obra social de los jubilados.

El ex titular del PAMI durante el gobierno de Cristina Fernández, Luciano Di Cesare, quedó con procesamiento confirmado por el delito de “administración fraudulenta” a raíz de irregularidades durante su gestión al frente de la obra social de los jubilados.

La sala II de la Cámara Federal porteña confirmó por unanimidad el procesamiento y el embargo de $1 millón ordenado por el juez que investiga la causa, Claudio Bonadio, según la resolución firmada este miércoles por los camaristas Horacio Cattani, Martin Irurzun y Eduardo Farah.

Di Cesare fue director ejecutivo del PAMI y quedó procesado por una denuncia referida a una millonaria inversión en Letras del Tesoro del Estado Nacional que impidió a la obra social contar con dinero para afrontar graves falencias en la atención de sus afiliados.

La defensa de Di Césare basó su apelación “en 3 ideas”. Por un lado, que el ex PAMI actuó de acuerdo a “facultades que tenía normativamente asignadas”; por otro, que lo hizo, también, “sin transgredir los intereses confiados en función de su cargo”; y, por último, que “no existió perjuicio alguno para el patrimonio” del organismo.

El ex funcionario “tenía a su cargo la administración de bienes destinados a claros propósitos fijados por la ley; esos fines se vinculan a la atención de la salud y bienestar de las personas afiliadas y no fueron satisfechos en el período investigado; y lo anterior generó para el PAMI –amén de su estado económico anterior- un déficit, tanto prestacional y patrimonial, que está verificado a partir de pruebas concretas”, concluyó la Cámara.

En la resolución, los camaristas remarcaron que la obra social no tuvo disponibilidad inmediata de “más de dos mil ochocientos millones de pesos que, desde fines de 2008 a fines de 2012, el Director Ejecutivo Di Césare decidió colocar en Letras del Tesoro del Estado Nacional que fueron renovadas ininterrumpidamente, sin intervención de áreas a priori competentes para emitir opinión”.

“Las mentadas inversiones constituían un 20 por ciento del patrimonio”, advirtió el fallo, en momentos en que se denunciaban falencias en las prestaciones de la obra social.

Entre otros aspectos, se denunciaron falencias en el área de discapacidad, moras sin motivo en el pago de insulina, tiras reactivas, atención ambulatoria, falencias edilicias entre 2008 y 2012.

Además, una pericia determinó que en ese período hubo “incremento del déficit y falta de liquidez”.

En la causa consta que un informe interno recomendó a Di Cesare no renovar la inversión para destinar ese dinero a otros fines, pero fue ignorado.

“Frente a dicho escenario, hay que prestar especial atención a que la ley sólo autoriza a colocar los fondos en letras cuando se trata de “excedentes” (art. 11 de la ley 19.032, conforme modificación efectuada por ley 26.422). En el caso, no existió explicación fundada de por qué los elevados montos empleados para ello –y no para elementales cuestiones como las apuntadas en la presente, que eran de conocimiento de las autoridades- encuadraban en tal concepto”, evaluó la Cámara.

Los camaristas remarcaron que “no se cuestiona ni la facultad legal de adquirir las Letras ni el tipo de inversión que implicaron. Lo objetable radica en que, infundadamente y en un contexto de falta de controles y de transparencia contable, se hubiere decidido que estaban dadas las condiciones especiales que la ley impone para hacerlo, cuando paralelamente se desatendieron los fines propios del Instituto”.

Atender los fines del instituto era una responsabilidad que “estaba claramente en cabeza del imputado en función de su cargo” y la decisión referida a esa inversión afectó “sus prestaciones, sus bienes y por consecuente, su patrimonio”.

Di Cesare tiene además otra causa penal en su contra abierta en los tribunales federales de Retiro. El juez federal Ariel Lijo lo investiga por haber liquidado a su favor $2 millones en vacaciones no gozadas en el PAMI antes de retirarse del organismo en diciembre pasado.

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