La semana pasada causó revuelo el crimen cometido en un supermercado Coto ubicado en San Cristobal. Un anciano con demencia murió en manos de un empleado de la empresa, Ramón Cerafín Chávez, luego de ser expulsado por un agente de seguridad privada, Gabriel Alejandro de la Rosa, que lo había increpado cuando reconoció que el hombre extraía productos sin pagar.
El hecho provocó una reacción de los vecinos y una manifestación en las inmediaciones del establecimiento. Los implicados fueron detenidos por la Policía de la Ciudad y puestos a disposición de la Justicia, que procesó a Cerafín Chavez bajo el delito de homicidio preterintencional y sobreseyó a De La Rosa entendiendo que no estuvo en el momento de la muerte del anciano.
Sin embargo, el caso despertó la inquietud sobre el rol de las empresas privadas y sus límites a la hora de accionar frente a hechos delictivos. Federico Lorenc Valcarce sociólogo e investigador del CONICET, autor de «Seguridad Privada, la Mercantilización de la Vigilancia», analizó el caso y explicó que parte del conflicto tiene que ver con la poca capacitación que reciben los agentes y las relaciones entre los directores de las empresas de seguridad privada con la Policía que debe ser la encargada de regularlos y controlarlos.
«En general, el reclutado es de sector de bajos niveles educativos y la capacitación es insuficiente, sumado a que los que los vigilan son los propios policías y tienen un vínculo, el sistema falla», confirmó en diálogo con Frecuencia Zero. El investigador, además, detalló que la conformación de estas empresas, que tuvo su explosión durante la década de los 80, estuvo vinculada con personal exonerado de la fuerza policial y del sector militar.
Sin embargo, el sociólogo reconoció que la legislación que regula la actividad, que fue modificada a lo largo de los años desde su aprobación en la década del 90, «es buena». «Lo que pasa es que creemos que un ámbito va a funcionar bien porque la legislación así lo es, pero para eso tienen que existir organismos de control que no estén cooptados por ex policias o militares, oficiales, coroneles que les permitan tener contactos en el ambito policial y empresarial», concluyó.
