El Gobierno de la Nación impulsa un proyecto de ley para declarar como “utilidad pública” los terrenos de las villas, expropiando los inmuebles integrantes del Registro Nacional de Barrios Populares (creado en 2017) para urbanizar más de 4.000 villas en el país y que 3.5 millones de personas se conviertan en propietarios mediante acuerdos.
Después del trabajo realizado por el Gobierno de la Nación, movimientos barriales y distintas ONG’s, el proyecto del Ministerio de Desarrollo Social- encabezado por Carolina Stanley- suspendería los desalojos por dos años y además crearía un fideicomiso.
Ignacio Rico, vocero del relevamiento nacional de barrios populares e impulsor de la Ley, afirmó que este marco legal permitirá avanzar con más fuerza en la dignificación del hábitat y las viviendas de los más vulnerables, y sumando un mayor protagonismo popular.
En el relevamiento confeccionado, quisieron saber cuántos son los argentinos y argentinas que viven en villas, asentamientos y barrios irregulares, cuáles son los servicios precarizados y a partir de eso discutir políticas públicas para mejorar la situación de infraestructura.
Con 10 mil censistas en las calles, vecinos de estas zonas, determinaron que 94% de los 4.329 barrios no tiene agua potable, el 98% no tiene cloacas, el 72% tiene una conexión irregular de luz y el 99% usa garrafas o leña, por lo que no tiene acceso al gas natural.
Además, echó por tierra mitos hacia estos sectores, como los embarazos para cobrar planes sociales, ya que el promedio de miembro de familia es 3.8, y midió el nivel de hacinamiento.
El referente también comentó que se entregaron certificados de viviendas familiares, una herramienta para exigir servicios básicos.
De esta manera, el Estado tiene la posibilidad de conocer las estadísticas de las personas que viven en condiciones precarizadas. Después quedará “tanto la pelea de los vecinos, los movimientos populares y las organizaciones sindicales, acompañados o no por las autoridades, para ir por la urbanización de los barrios”.
