Luego de las reiteradas denuncias de los metrodelegados, el presidente de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), Eduardo de Montmollin, aseguró que compraron los trenes para el subte “asumiendo que estaban en condiciones, ya que a nivel de Unión Europea hay una ley que prohíbe la comercialización de equipamiento con esta sustancia».
Sin embargo, admitió que «hay documentación» confirmando la presencia del material en las formaciones utilizadas en el Metro de Madrid (España). «No había manera de validar si eso era cierto», agregó Montmollin. Según explicó en diálogo con la CNN, «la documentación técnica de un tren pueden llegar a ser manuales así (gesticulando su amplio tamaño) y de repente lo que dice eso es una letra chiquita en la página 473 del tomo 4 del manual de descripción de partes”.
El titular de SBASE no pudo garantizar «que se hayan leído absolutamente todas y cada una de las páginas de los manuales técnicos pero la posición conceptual es que asumimos que, si en la documentación figuraba algo, el metro de Madrid había tomado ya medidas y que lo que estaban vendiendo ellos estaban en condiciones de vender”.
A raíz de estas adquisiciones, el inspector de la subsecretaría de Trabajo de la Ciudad, Edgardo Castro, denunció penalmente al presidente Mauricio Macri (Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando se realizó la transacción) y al actual alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Los delitos imputados fueron violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y encubrimiento.
«Más allá de que haya leído o no, no hay ninguna razón para excusarse (haciendo referencia a Montmollin), porque cuando vos comprás un producto tenés que exigir el certificado de origen, que él mismo dice: ‘No está, no se habrá pedido'». Con esa excusa se importa cualquier cosa», afirmó Castro. Según su explicación, hubo un proceso de compra planteado «en términos de un negociado, un acuerdo político de ese momento».
«En Europa se había prohibido eso hace 30 años y después se prohibió en la Argentina y en muchos países del mundo. Esos vagones ni siquiera podían salir de España y hace años que estaban en un galpón, porque no se podían movilizar. Entonces, no podés ignorar semejante magnitud del problema. No tenían dónde tirar los vagones y apareció el Gobierno argentino y les dijo: ‘Yo te los compro'», manifestó.
En ese sentido, insistió en que tampoco se investigó «cuando los vagones vinieron y se empezaron a usar, pese a lo sucedía en el viejo continente. Por eso, el Ingeniero en Seguridad Ambiental aseveró que el Gobierno porteño, mediante la Secretaría de Trabajo, «viene escondiendo el bulto» y «encubriendo la situación grave que hay para justificar no sé qué».
En la actualidad, afirmó que continúan las emisiones de «material particulado» dentro y fuera del subterráneo capitalino. «No se toma ninguna medida contundente. Es de un nivel de irresponsabilidad impresionante, malicia; porque cuando te enterás de un problema, intentas resolverlo, no ocultarlo».
«Si bien a esos vehículos los sacaron de circulación, los canibalizan y le pusieron repuestos a otros vehículos de ese mismo origen. Tampoco le dan un destino final a esos vagones que hay que enterrarlos para hacerle desaparecer el contaminante», cerró.
