Según el programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, los contratos de alquiler de viviendas se renovaron con un 40% arriba del valor anterior y ajustes del 15% cada seis meses, durante los últimos dos años. En este sentido, señaló que los reajustes de los próximos 24 meses se están firmando con un aumento del 30% inicial y modificaciones semestrales del 18%.
«Cuatro de cada diez inquilinos que se acercaron en enero, tenían problemas concretos para finalizar el contrato, les piden un 50% para renovar, reciben amenazas de desalojo, atrasos de dos o tres meses de alquiler o expensas», describió Fernando Muñoz, referente de esta oficina en la Defensoría, entre otras cuestiones.
Sobre este diagnóstico, el especialista planteó la existencia de una «situación límite», teniendo en cuenta la «libertad absoluta» del mercado para fijar los valores. Por esta razón, consideró que la «Ley de Inquilinos» se votará en el Congreso de la Nación en los próximos meses. «Cuanto más se demore la sanción, vamos a seguir subiendo la curva de problemas, conflictos, desalojos. Inquilinos que no pueden seguir pagando el alquiler», expuso.
