Finalmente, la novela que comenzó en enero llegó a su fin: la ministra de Seguridad Patricia Bullrich autorizó, mediante la resolución 395/2019 publicada ayer, la reglamentación del uso de armas electrónicas no letales, más conocidas como pistolas Taser, en las fuerzas de seguridad federales.
Según la resolución, las mismas podrán utilizarlas con el objetivo de «inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse», como así también para «cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas» e «impedir la comisión de un delito de acción pública».
Pese a que el argumento de la resolución resaltaba que a partir de esta medida las fuerzas contarían con «una opción táctica adicional», la aplicación ocasionó numerosas críticas de asociaciones civiles y organismos de derechos humanos que consideraron que «las pistolas pueden ser usadas para torturar». La cartera de seguridad respondió a estas inquietudes y aseveró que los dispositivos contarán con una memoria interna del material utilizado «para efectuar el pertinente control administrativo».
Es así que la voluntad de Cambiemos, que dispuso la adquisición de las pistolas cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno porteño en 2010 pero un amparo evitó seguir adelante hasta que la Corte Suprema dejó firme un fallo que autorizaba su implementación, finalmente se hará realidad: dentro de 60 días, los efectivos incorporarán las taser.
La Ciudad, a su vez, no se quedará afuera. Diego Santilli avisó que la Policía de la Ciudad se sumaría al sistema y adquiriría las armas para «prevención en subtes y estaciones».
