Buscan transparencia en la gestión de la CABA

Buscan transparencia en la gestión de la CABA

A través de un proyecto de ley el diputado del Bloque Peronista Santiago Roberto planteó crear una “Oficina Anticorrupción” en el la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La propuesta, presentada en la Legislatura de la CABA, busca combatir casos de corrupción o situaciones confusas en el manejo los recursos de los que dispone el Ejecutivo porteño.

La oficina deberá prevenir e investigar las conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción; funcionará como un organismo con legitimación procesal, independencia funcional y autarquía financiera encargado de promover la ética y la transparencia en la gestión de lo público. En  el texto, además, dice que el organismo velará por la aplicación de la Ley N° 4895 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

El legislador Roberto propone que la oficina este cargo de un Secretario de Transparencia y Anticorrupción designado por la Legislatura de la Ciudad, el cual se llegará a través de la propuesta de la primera minoría opositora. También afirma que se ejercerá el cargo por cinco años, con la posibilidad de ser electo por una única vez.

La Oficina Anticorrupción estará compuesta por: la Subsecretaría de Investigaciones que será la encargada de llevar adelante las investigaciones de posibles irregularidades o hechos ilícitos y colaborar en la recuperación de activos de la corrupción. Mientras que la Subsecretaría de Planificación de Políticas de Transparencia se encargará de identificar, analizar e investigar las causas que dan lugar a hechos de corrupción.

Las denuncias las podrán realizar particulares, funcionarios y empleados públicos. La “Oficina Anticorrupción” deberá investigar preliminarmente, de oficio o por denuncia, los hechos que pudieren configurar presunto enriquecimiento ilícito o irregularidades en el manejo de los fondos reservados por los funcionarios públicos. Además de recomendar la suspensión preventiva de los agentes denunciados, cuando su permanencia en el cargo o en las funciones pudiera resultar contraproducente a los fines de la investigación; entre otras cuestiones.

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