A partir de los conflictos generados alrededor de UBER, la Ciudad de Buenos Aires parece no poder encontrar una solución. Habían implementado una aplicación para competir con la aplicación de UBER y posteriormente negaron la posibilidad de funcionamiento de la empresa, avanzó hacia la Justicia, quien mandó a bloquear el funcionamiento de la aplicación a nivel nacional. Finalmente no hay soluciones y empezaron a aparecer los “caza UBER”. Conversamos con Horacio Pérez, titular de CAMETAX, la Cámara Empresaria de Autotaxis.
Pérez comenta que no han sido convocados a encontrar una solución a esta situación, y la razón es que esta cámara empresaria no tiene ningún tipo de adhesión política. Representan una asociación empresarial y solo les interesa su actividad y sus asociados. Razón por la cual, las opiniones que formulan “tratan de ser permanentemente objetivas, no le gusten al gobierno y en consecuencia no nos convoquen”.
El gobierno considera que cada empresario de taxi es una pyme. Esto es otro punto de disidencia. Esta cámara nuclea a 4000 asociados que suman a razón de 8000 licencias, una cuarta parte del sector que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires.
Dando contexto a su postura, el titular de CAMETAX resalta que, más allá de UBER, en la Ciudad hay alrededor de 15000 remises ilegales funcionando y 8400 combis ilegales que transitan en la ciudad o ingresan desde el conurbano. “Nunca han podido controlar eso”, sentencia Pérez.
Respecto de UBER declara: “UBER no puede convivir con el taxi, Donde UBER entra, destruye la actividad del TAXI. Es imposible competir porque es una actividad ilegal. Hay un taxi cada 80 habitantes. El servicio está absolutamente cubierto, sumado a ello los remises autorizados, los no autorizados y las combis. UBER encuentra un mercado absolutamente cubierto.
UBER pretende quedarse con el mercado. Pretenden llevarse el 25% de la recaudación sin pagar impuestos ya que es una actividad que no está regulada.
Consultado sobre las mafias de los taxis, Pérez aclara que esas mafias son grupos que manejan ciertas paradas donde solo pueden parar quienes les pagan prebendas para trabajar allí, y suman unos 800 taxistas que están en lugares localizables donde el Gobierno de la Ciudad podría acceder a controlarlos.
