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Endurecieron las multas de tránsito y redujeron los plazos para ser notificadas

La semana pasada se aprobó en la Legislatura porteña la modificación del Régimen de Penas que, entre otras cosas, acorta los tiempos de las notificaciones de las infracciones y reduce la posibilidad de acceder a planes de pago de las mismas por reincidencia. 

La reforma redujo el plazo con el que cuenta la Ciudad para advertir a los vecinos de una multa labrada, de 90 a 60 días, mientras que se eliminará la obligación de que la prescripción sea a pedido de parte, por entender que se trata de una institución de orden público, la que obliga a la administración a contar con determinado plazo para la notificación de un acta de infracción.

«Este proyecto le niega el derecho a un pago con quita a los vecinos por los tiempos que se adelantan: va a haber que ser millonario para tener un auto en la Ciudad, es imposible no cometer una falta en la forma en la que están administradas las velocidades, los cambios en las bajadas de autopistas, cualquiera sabe que es casi imposible no cometerlas y todo gracias a que se armó en función de la recaudación», advirtió en diálogo con Frecuencia Zero la legisladora María Rosa Muíños, presidenta del Bloque Peronista. 

Pese a que criticó la política que viene llevando a cabo el oficialismo en este sentido, reconoció que el proyecto fue «el menos dañino de todos los que se presentaron sobre el tema». Es que, a diferencia de lo que pasó el año pasado cuando se aprobó atar el valor de las infracciones a la cotización de unidades fijas con respecto al precio de la nafta premium, esta vez Vamos Juntos decidió dar lugar a las críticas de la propia oposición. 

«El bloque oficialista estuvo más dado a charlar y acordar un texto en común, por lo que la mayoría de los artículos en los que planteábamos diferencias fueron reescritos excepto dos», explicó Muíños, sobre los dos artículos polémicos. Pese a esto, Myriam Bregman, legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) fue más contundente y disparó que «esta medida no representa ningún beneficio para la ciudadanía, debatimos como sacarle el dinero a los habitantes de este lugar».

 

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