La Alameda arremetió contra la industria textil ligada con el Gobierno de la Ciudad

La Alameda arremetió contra la industria textil ligada con el Gobierno de la Ciudad

La organización que hace años viene luchando contra los talleres clandestinos en la Ciudad, solicitó al Gobierno de la Ciudad información sobre los proveedores textiles con quienes tienen vinculación, muchas de las cuales no tienen empleados bajo convenio colectivo, lo que implicaría que estarían tercerizando la producción, en un mercado en el que el “80 por ciento se hace en talleres clandestinos”.

“Los proveedores textiles ni siquiera se anotaron en el Registro de Dadores de Trabajo de la Cartera laboral local, venimos denunciando que los porveedores del Estado (indumentaria, textiles) ganan licitaciones y no presentan empleados”, explicó a Noticiario Sur Ezequiel Conde, integrante de la organización liderada por Gustavo Vera, ejemplificando con el caso de la provisión durante el traspaso de la Policía Federal a la Polícia Metropolitana, en el que significaron 980 millones de pesos y ganaron la licitación solo 7 personas “de las cuales solo 2 tenían empleados”.

Desde el 2008, la Dirección General de Protección del Trabajo asumió las competencias de la Ley 12.713 de trabajo a domicilio, transferidas por el Gobierno Nacional, y asumió las facultades de registro, fiscalización y control laboral referente a los talleres textiles donde las marcas, por lo general, tercerizan la confección y elaboración. En este contexto, surgió el Registro de Dadores de Trabajo a Domicilio y Rúbrica de Documentación Laboral. Es decir: toda persona física o jurídica, sea dador de trabajo, intermediario o tallerista y que utilice el sistema de Trabajo a Domicilio deben registrarse.

“Es escandaloso, tiene que haber una auditoría de proveedores: ¿por qué el Estado gasta mas cuando contrata proveedores? Se supone que cuando más tercerizás más caro te sale, entonces tendrían que contratar a empresas que brinde un precio justo con trabajadores registrados en convenios colectivos”, criticó Conde. Es que el mayor reclamo pasa porque estas situaciones dejan en estado de desamparo a los trabajadores del sector, que ya lleva contabilizados diez muertos en contexto de clandestinidad en los últimos diez años.

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