Alan Rodríguez, el joven con síndrome de down al que le negaban su título secundario, fue notificado de la decisión judicial que ratifica su derecho a una educación inclusiva y condena al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a entregarle el correspondiente certificado en igualdad de condiciones que el que recibieron sus compañeros.
Recordemos que Alan fue a una escuela común privada de la Ciudad desde los 3 años y cursó toda su primaria y secundaria con un proyecto pedagógico individual. Cumplió año a año sus objetivos, pero al finalizar, le indicaron que su título no podía ser entregado porque, según el Ministerio de Educación, no había cumplido ciertos contenidos considerados mínimos por la normativa local.
Es por ello que con el patrocinio jurídico de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y el apoyo del Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva, el INADI, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Asociación por los Derechos Civiles (ACIJ) y expertos en materia de educación y discapacidad, la familia de Alan inició un amparo para que se reconociera su derecho fundamental a la educación, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, y se le entregue su título secundario oficial.
«El 24 de octubre de 2016 la jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Romina Tesone, declaró el derecho de Alan a su título secundario y condenó al Gobierno a entregárselo. Fundó su decisión en que ‘el derecho a la educación inclusiva sin discriminación exige que la enseñanza escolar a los alumnos con discapacidad sea brindada en igualdad de condiciones’ y aclaró que ‘en igualdad de condiciones con los demás’ significa que ‘a cada alumno/a se le exigiese el alcance de los objetivos que -desde lo institucional- se plantearon para él o ella. Para el caso de los alumnos que cuentan con un proyecto pedagógico individual, como el actor, el alcance de los objetivos allí fijados’. Alan cumplió con sus objetivos y por esa razón merece su título de bachiller. Sin embargo, Alan debió seguir esperando porque el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires insistía en que Alan no reunía las condiciones para obtenerlo», informa la ACIJ en un comunicado.
La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña, también se pronunció a favor de los derechos de Alan. Confirmó la sentencia de primera instancia y declaró la inconstitucionalidad de las normas locales que se oponen a este derecho. Desde la ACIJ tildaron a este fallo como «histórico».
Hacia fines de 2016 «el Consejo Federal de Educación aprobó una resolución que rige para todo el país y que reconoce el derecho al título secundario igualitario para todas las personas con discapacidad que cursen con adecuaciones curriculares». A partir de esto, el Gobierno de la Ciudad presentó en el expediente judicial un título secundario para Alan con referencia a esta normativa federal. Alan solicitó como paso previo a su aceptación, que se le brinden garantías sobre la validez del instrumento para poder inscribirse en la universidad.
