Desde 2016, las políticas en cuestión de seguridad en la Ciudad se vieron intercedidas por un eje central: el traspaso de la Policía Federal hacia la Policía de la Ciudad. Se transfirieron las Superintendencias de Seguridad Metropolitana, Bomberos, Policía Científica, Investigaciones Federales, Tecnologías de la Información y Comunicación y de Aviación Federal y, a su vez, entre 17 y 19 mil policías federales también serán parte de la nueva fuerza porteña.
Sin embargo, hay una cuestión clave que todavía no se pudo solucionar, y tiene que ver con como el traspaso de las comisarias dejaron zonas liberadas transitando el proceso.
«La oscuridad y la falta de información que la sociedad tiene a la hora de analizar las políticas públicas de seguridad implican que pasan cosas como estas», evaluó el legislador Leandro Halperín, sobre la divulgación del informe periodístico en el diario Página 12 que denunciaba el cierre de distintas comisarías de la Capital bajo el proceso de readecuación de la policía luego de lo que fue el traslado de la Federal a la de la Ciudad.
La nota publicada en el medio propiedad de Grupo Octubre indicó que el programa que está llevando a cabo el Ministerio de Seguridad porteño implica «dejar de lado las 54 seccionales que heredó de la Federal y reducirlas a 15 comisarías comunales y 28 vecinales», lo que estaría provocando una zona liberada en distintos barrios de la Ciudad: «Es cierto que en algunas comisarías no se están tomando más denuncias y hay sectores de la policía que se están resistiendo al acuerdo que había entre distintos espectros políticos, es por eso que le reclamamos al poder ejecutivo que se recueste sobre nosotros para que se pueda finalizar el proceso democrático del traspaso de las fuerzas policiales», argumentó el especialista en temas penitenciarios.
El legislador de Evolución atribuyó la responsabilidad a la forma de actuar de la gestión a cargo del Jefe de Gobierno Horacio Rodriguez Larreta al entender que «este problema forma parte de una mirada que el PRO está haciendo de una política más general»: «No escuchan otras voces, hay falencias como la falta de un mapa de delitos claro, para saber a ciencia cierta que es lo que pasa y eso profundiza errores claves», entendió.
